En el condado de Bucks, Pensilvania, la comisionada demócrata Diane Ellis-Marseglia se encuentra en el centro de una polémica tras defender públicamente su decisión de ignorar una orden judicial para contar votos por correo cuestionables en la contienda por el Senado de Estados Unidos.
Ellis-Marseglia, una de los tres comisionados encargados de supervisar los procedimientos electorales en este condado suburbano al norte de Filadelfia, desestimó un fallo reciente de la Corte Suprema de Pensilvania que invalidó ciertos votos ausentes, argumentando que los funcionarios locales deberían proceder con el conteo de todas formas.
En una declaración capturada en un clip que rápidamente se hizo viral en redes sociales, Ellis-Marseglia expresó: “Todos sabemos que el precedente de un tribunal ya no importa en este país y que la gente viola las leyes cuando quiere. Entonces, para mí, si violo esta ley es porque quiero que un tribunal le preste atención. No hay nada más importante que contar los votos”, informó Fox News.
El incidente ocurre en medio de una intensa disputa electoral entre el senador demócrata Bob Casey y su oponente republicano Dave McCormick. Aunque McCormick lidera la contienda por más de 25,000 votos, el equipo de Casey ha impulsado esfuerzos de recuento que dependen de estos votos por correo.
La postura de Ellis-Marseglia ha provocado una oleada de críticas de parte de legisladores y grupos republicanos, quienes exigen su arresto por desafiar abiertamente el fallo judicial. Argumentan que su decisión socava la integridad del sistema electoral y sienta un precedente peligroso para futuros comicios.
Mientras tanto, partidarios de Ellis-Marseglia defienden su postura, calificándola como un acto de resistencia frente a leyes que consideran restrictivas y antidemocráticas.
El fallo de la Corte Suprema de Pensilvania, que Ellis-Marseglia desestimó, estableció que ciertos votos por correo carecían de validez legal debido a errores técnicos como la ausencia de fechas en los sobres. Este fallo busca reforzar el cumplimiento de las normas electorales, pero ha sido criticado por sectores progresistas que lo ven como una medida para suprimir votos legítimos.
Este caso no solo afecta el resultado de una contienda específica, sino que también aviva el debate nacional sobre el balance entre la protección de la integridad electoral y la garantía del acceso al voto. A medida que avanza el proceso, queda por verse si las acciones de Ellis-Marseglia tendrán consecuencias legales y cómo influirán en la percepción pública sobre el manejo de las elecciones en Pensilvania.