Por Antonio G Rodiles
El castrismo ha lanzado una reforma de la empresa estatal socialista como novedoso método para intentar revivir la precaria economía en la que vivimos desde hace más de 60 años. Menciona la promulgación de una nueva Ley de Empresas, programada para el 2022, como el sustento jurídico de tales “reformas”.
Qué de novedoso hay en este anuncio? Hagamos algo de historia.
En el año 1992, el economista oficialista José Luis Rodríguez, posteriormente nombrado ministro del ramo, mencionaba en un ensayo, que durante el pleno del Comité Central del PCS de la URSS, celebrado en junio de 1987, se adoptaron un grupo de medidas que resumía en los siguientes puntos:
Ampliación de los márgenes de independencia y responsabilidad de las empresas.
Transformación radical de la dirección centralizada de la economía.
Reforma radical de la planificación, formación de precios, mecanismos financieros crediticios y adopción del comercio al por mayor.
Creación de nuevas estructuras que aseguren la profundización de la especialización y cooperación, así como la incorporación de la ciencia a la producción.
El paso de un sistema de dirección centralizado a uno democrático, al desarrollo de la autogestión y del potencial humano.
Rodríguez añadía, que si bien las medidas eran formalmente inobjetables, vistas de conjunto, rebasaban el perfeccionamiento económico socialista e introducían elementos que ponían en peligro, la existencia del propio sistema.
Efectivamente, estas medidas que daban paso al proceso conocido como perestroika, dirigido por Mijail Gorbachov, culminaron con el fin de la confederación y del comunismo soviético. Sin embargo, para la nomenclatura en el poder, era evidente la necesidad de las reformas como única vía para evitar el colapso económico.
En diciembre de 1988 los soviéticos daban fin al monopolio estatal en el ámbito del comercio exterior. En el sector agrícola se introdujeron transformaciones relacionadas con la forma de propiedad. Se autorizó el arrendamiento de tierras estatales por trabajadores individuales o cooperativas.
En mayo del mismo año se promulgó una ley para equiparar, las cooperativas no agropecuarias con la empresa estatal. Estas cooperativas se convirtieron en fuentes de especulación y enriquecimiento sin que aumentara la producción o servicios a la población. En múltiples casos, eran creadas por los conocidos directores rojos o asociados a ellos. Dado el malestar generado, se estableció una política de precios y se restringieron, en la esfera comercial, las actividades de las mismas.
Durante 1989, la política económica soviética sigue buscando soluciones mediante la liberalización económica y transformaciones de las relaciones de propiedad. También se tomaron medidas anti inflacionarias regulando los precios de los productos alimenticios.
En ese año se disparó el mercado negro y se estima que alcanzó a suministrar el 40,7 % de los alimentos que consumió la población. El comercio de alcohol representaba del orden del 2.2% del PIB, el de la gasolina entre 30% y 65% del total de la gasolina vendida en las zonas urbanas, los choferes del transporte público cobraban directamente a los pasajeros y a su vez debían tener total cuidado de sus autobuses.
En agosto se amplió la independencia económica de las empresas estatales modificándose la ley de 1987. La falta de resultados estimulaba las discusiones sobre cuál sería el método más apropiado para transitar hacia una economía de mercado. Se consideró aplicar un programa de shock como el implementado en Polonia que tenía como antecedente el “plan de los 400 días” de Grigory Yavlinsky. Mientras tanto seguía el debate sobre la reforma monetaria y de precios.
Todas las medidas descritas no lograron los efectos que pretendían y en 1991, frente a la crisis económica y política, se desintegra la confederación y Rusia apuesta por medidas de más calado de la mano de Boris Yeltsin. Se desarrolla un proceso de privatización y liberalización cargado de irregularidades y contradicciones. Los directores rojos y los nuevos oligarcas serán piezas fundamentales, marcando el proceso.
La economía de un país necesita de una dinámica orgánica y no una especie de Frankenstein. El castrismo con su ineficiencia sistémica está inmerso en un escenario similar al de la URSS, donde el inmenso aparato represivo y de control, sumado a las sanciones económicas de la actual administración norteamericana juegan el mismo papel que el desgaste económico de los soviéticos, dado por la carrera armamentista de la Guerra Fría.
Las medidas propuestas recientemente por un grupo de economistas oficialistas, publicadas en el periódico trabajadores, son un remake o refrito de lo antes expuesto. En este caso hay que adicionar la presencia del conglomerado militar GAESA que constituye la supra institución que monopoliza y controla la economía cubana, la cual formalmente no es fiscalizada por ninguna otra instancia del Estado.
Desde la aparición de los llamados lineamientos, han anunciado, o implementado en algunos casos, la renovación de las formas de propiedad, y también han decretado la relación entre sus distintas formas, es decir: estatal, cooperativa y cuentapropismo. Sin embargo, en la práctica los anuncios solo han servido a contados casos que ejemplifican el tráfico de influencias existente en el sistema.
Hasta el momento las maniobras ejecutadas por el castrismo no han tenido el resultado que ellos esperaban. Los movimientos zigzagueantes no han permitido ni siquiera una estabilidad en el mediano plazo.
La nueva promoción y ampliación de directores rojos, estará marcada por un incremento notable de la corrupción. La ambigüedad en la forma de propiedad (al estilo de un usufructo), convertirá las nuevas prerrogativas en posibilidades de saquear un botín, que siempre resultará efímero e incierto. Al final los favorecidos buscarán un proceso del tipo de privatización espontánea, que de darse, vendrá labrando el camino del neocastrismo.
El régimen está en un cuello de botella, si no se mueve su sistema se desmorona; si reforma, entrará en su período de mayor incertidumbre.
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