Esto se ha dado a partir del decreto ley 370. Este decreto, aprobado en diciembre de 2018, plantea que “difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” conlleva al pago de una multa de 3,000 pesos cubanos (120 dólares) y el decomiso de los equipos utilizados en la supuesta violación. Durante las últimas semanas, el régimen ha castigado a la ciudadanía que, en plena crisis del coronavirus, relata lo que acontece en el país a través de las redes sociales y los medios independientes.
La cruzada busca silenciar las voces que, fuera del oficialismo, narran el acontecer en estos días de pandemia, pero esta vez la persecución alcanzó una escala superior. Bajo el amparo del decreto ley 370, cualquier ciudadano común puede ser aprehendido por el régimen. Da lo mismo si eres vendedor ambulante, artista o ama de casa, solo tienes que expresar en las redes sociales o en algún medio público lo que los comisarios de la Policía política determinen como contrario a sus doctrinas ortodoxas.
Todos los recursos estatales que el gobierno de Díaz-Canel destina para espiar, acosar y reprimir a los cubanos, deberían emplearlos en evitar la propagación del coronavirus en la isla. Ni siquiera las 3,330 personas ingresadas, los 1,437 casos confirmados y los 58 muertos por COVID-19 le bastan al castrismo para hacer un impasse en su afán dictatorial de hostigar a todo el que ose levantar la mano para expresar un juicio opuesto a sus intereses.
Después de negarles por años el acceso a internet a los cubanos el gobierno de la isla se vio obligado, en 2018, a aclarar que el gesto de amabilidad que tuvo con sus ciudadanos al instalarles el servicio público, en 2015, no iba a significar una válvula de escape al régimen impuesto en el país. Para dejar claro que, en Cuba, la vida virtual tendría las mismas restricciones prohibitivas que la vida real en el terreno de la libertad de expresión, Díaz-Canel y su gobierno redactaron este decreto.
No es casual que el Consejo de Estado lo aprobó, sin ni siquiera pasar por las oficinas de la Asamblea Nacional. Para entonces, el gobierno ya había notado que otorgarle internet a la ciudadanía generó un escenario hasta ese momento impensado que rompió con su ideal de nación. En ese espacio los ciudadanos tienen voz, reclaman sus derechos cívicos, critican la gestión gubernamental, exigen transparencia en las transacciones del Estado y muestran la realidad oculta del país. Justo todo de lo que el castrismo prescindió para gobernar a sus anchas desde 1959 a la fecha.
La entrada en vigor del decreto ley 370 llegó cuando una serie de acontecimientos, incluidas protestas pacíficas, evidenciaron en el primer semestre de 2019 el empoderamiento de los cubanos en el ecosistema virtual. En un país como Cuba, donde hasta la más mínima de las cuestiones está controlada por el totalitarismo y donde no hay espacio para las libertades fundamentales, internet no iba a escapar al reflector del gobierno. El decreto nació para cercenar el único vestigio de libertad existente en la isla.
No quedan dudas del carácter arbitrario del mandamiento. La propia Carta Magna del pais lo hace inconstitucional cuando declara en su artículo 54 que: “El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”. En tanto, tampoco cumple con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que expresa: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Es un texto escrito, con intencional ambigüedad, para sancionar. Dejar la puerta abierta a las múltiples interpretaciones es una jugada maquiavélica de la dictadura que tiene como fin ahogar a la libertad de expresión. El régimen derramó esta cáscara de plátano y espera a quienes van a resbalar con ella.
Miguel Díaz-Canel y el gobierno cubano deben derogar el decreto ley 370 que amenaza a cada uno de los 11.2 millones de cubanos. Es inadmisible que en un Estado se imponga el silencio como ley.
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