
Marco Rubio ha convertido en una prioridad el desmantelamiento del sistema de explotación laboral que el régimen cubano ha impuesto sobre sus médicos a través de las llamadas misiones médicas internacionales.
Durante su reciente visita al Caribe, el senador denunció que este programa no es más que una red de trata de personas disfrazada de cooperación médica, en la que miles de profesionales de la salud son enviados al extranjero en condiciones de trabajo forzado, sin derechos y con una vigilancia extrema por parte de agentes del régimen.
Desde hace décadas, Cuba ha utilizado sus brigadas médicas como una herramienta de propaganda y una fuente clave de ingresos. Se estima que la exportación de servicios médicos representa entre 6,000 y 8,000 millones de dólares anuales para el régimen, una cifra muy superior a la de otros sectores como el turismo.
Los médicos no reciben sus salarios directamente, sino que el gobierno cubano se queda con la mayor parte del dinero. En muchos casos, los profesionales son despojados de hasta el 85 % de sus ingresos, mientras que a sus familiares en Cuba se les impide acompañarlos, convirtiéndolos en rehenes del sistema.
A esto se suma la retención de pasaportes, la censura, la vigilancia estricta y la imposibilidad de abandonar las misiones sin enfrentar represalias. Quienes intentan desertar son tratados como traidores, se les prohíbe regresar a Cuba por al menos ocho años y, en algunos casos, sus familias sufren represalias.
El pasado caso del secuestro de médicos en Kenia evidenció otro riesgo que enfrentan los profesionales cubanos enviados al exterior. En 2019, los doctores Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández fueron raptados por el grupo terrorista Al Shabaab mientras cumplían misión en Mandera, una zona cercana a la frontera con Somalia. Desde entonces, sus paraderos siguen siendo inciertos y el régimen cubano no ha ofrecido información sobre esfuerzos para su rescate.
Marco Rubio ha sido una de las figuras políticas más activas en la denuncia de estas violaciones y ha impulsado políticas concretas para enfrentarlas. Su posición es clara: no se trata de impedir la asistencia médica en los países que la necesitan, sino de garantizar que los profesionales trabajen en condiciones justas y sin coerción.
En el Caribe, donde varios países cuentan con la presencia de médicos cubanos, Rubio ha dejado claro que revisará cada caso de manera individual, pero sin ceder en su determinación de acabar con este sistema de abuso. Algunos líderes regionales han intentado justificar la presencia de brigadas médicas cubanas, argumentando que cumplen un rol vital en sus sistemas de salud. Sin embargo, la realidad es que este programa solo beneficia a la dictadura cubana, que sigue lucrando con la explotación de sus propios ciudadanos, mientras que los médicos son tratados como mercancía.
Rubio ha reiterado su compromiso de seguir presionando al régimen cubano y a los gobiernos que faciliten estas prácticas. La lucha contra el tráfico de médicos cubanos no es solo un tema político, sino una cuestión de principios y derechos humanos. Mientras el régimen continúe utilizando a sus profesionales de la salud como una fuente de ingresos y una herramienta de control, la comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados.
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